Parlamentarios y privados discrepan por Ley de Datos.

Parlamentarios y privados discrepan por Ley de Datos.

Aunque algo se había esbozado, no dejó de sorprender la decisión del Gobierno de cambiar el proyecto de Protección de Datos Personales, eliminando la idea de crear una nueva agencia especial para el tratamiento de la información para dejar en cambio esa labor en el Consejo para la Transparencia. La indicación sustitutiva ingresó el martes y causó reacciones dispares: preocupación en el senador Felipe Harboe (PPD), inquietud en el Retail Financiero, y congratulación en el CPLT.

Esta idea pasaría a ser la tercera fórmula diseñada para establecer en el país un sistema que proteja los datos personales de los clientes tanto del sistema privado como del público, y de esta forma cumplir con uno de los requerimientos que ha observado sistemáticamente la OCDE como “falencia” del país. A inicios de la pasada administración de Michelle Bachelet, el Ministerio de Economía convocó a una mesa público-privada donde se procedió a estructurar un ente autónomo del poder político que resguardara la información de los individuos. Sin embargo, el alargue del período de menor crecimiento trasladó el tema a las manos de Hacienda, que fijó la creación de una agencia, un ente más liviano para las arcas fiscales.

Con este esquema se configuró el proyecto que estuvo un año en análisis en la Comisión de Constitución del Senado donde el entonces senador, hoy ministro de Justicia, Hernán Larraín, esbozó la posibilidad de que fuera el CPLT quien se hiciera cargo de este objetivo. Ahora el gobierno optó por este esquema que también significa un ahorro de costos, ya que sólo se le otorga un nuevo objetivo a un organismo que ya existe. Aunque desde La Moneda explican que la diferencia presupuestaria no es tanta, sino que implica menor burocracia, pues el CPLT sólo tendría que crear una nueva unidad especializada, se suma un director y se le solicita dedicación exclusiva.

“Es un ahorro en eficiencia”, acotaron. Harboe no estuvo de acuerdo: “creo que es riesgoso encargarle la protección de datos a un ente especializado en instituciones públicas cuando los principales tratadores de datos son privados. Me da la impresión que la primera prioridad del gobierno es ahorrar recursos y no garantizar la debida protección de datos; en la economía digital el principal recurso son los datos, por eso me parece necesario contar con una agencia especializada, no burocrática y flexible”.

Asimismo, comentó que no existe evidencia de que encargarle este tema al CPLT sea lo más adecuado, sin afectar su giro principal como es la transparencia y acceso a la información pública. “Daremos una buena discusión en el Senado, hay argumentos para ambos lados. Y me inclino por una institución especializada, y no por una donde los datos sean la segunda prioridad”, recalcó.

Por otro lado, desde el CPLT, su presidente Marcelo Drago, valoró la indicación del Ejecutivo, destacando la autonomía del organismo, la experiencia y capacidad institucional para asumir esta nueva función: “recibimos el anuncio como una buena noticia porque se reconoce nuestra experiencia en la materia. A esto se suma la fuerza que da nuestra autonomía, lo que posibilita que el Consejo ejerza el rol de agencia encargada de la protección de datos de manera totalmente independiente, tanto respecto del sector privado como del tratamiento de datos en el sector público”, afirmó.

Además remarcó que el avance de esta iniciativa potenciará el marco regulatorio chileno, cumpliendo estándares más elevados, siguiendo el modelo de México e Inglaterra que cuentan con un organismo para velar por ambos objetivos. Por otra parte, los afectados con esta norma abogan por una discusión profunda sobre el diseño. “Independiente de la fórmula institucional que se decida en la discusión legislativa -ya sea radicar la protección de datos en el Consejo para la Transparencia o en una agencia autónoma- el elemento más importante es garantizar que el nuevo organismo, dada la gran cantidad de atribuciones que tendrá, mantenga a nivel de dirección un cuerpo colegiado”, señaló el vicepresidente ejecutivo del Retail Financiero, Claudio Ortiz.

INDICACIÓN.

El objetivo de esta normativa es equilibrar la protección de los derechos de las personas a propósito del desarrollo de la economía digital, especialmente el respeto y protección a la vida privada e intimidad, con la libre circulación de la información. La idea es que existan reglas de autorización y uso de los datos entre las personas, organismos y empresas.

La indicación sustituye la creación de una agencia especial por una ampliación del CPLT, que pasará a llamarse Consejo para la Transparencia y la Protección de Datos Personales. Se agrega un nuevo consejero a los cuatro actuales, los que serán designados como unidad por el Presidente de la República, previo acuerdo del Senado; yen una propuesta aparte con similar aprobación se nominará al presidente del Consejo. Durarán seis años en sus cargos y no podrán ser designados para un nuevo periodo consecutivo y se renovarán cada tres años. El presidente durará cuatro años.

El cargo exigirá dedicación exclusiva y, por ende, sólo podrá desempeñarse como académico; el presidente tendrá una remuneración equivalente ala de un subsecretario y los consejeros el equivalente a un 75% de ella; y deberán cumplir con un plazo de vacancia de tres meses, es decir que una vez cumplido el cargo “no podrán prestar ningún tipo de servicio, remunerado o no, ni adquirir participación en la propiedad, respecto de las entidades sujetas a la fiscalización del Consejo”. (La Tercera)