Romina Garrido sostuvo que la moción incentiva a no pagar las deudas y llamó a avanzar en proyectos de protección de datos personales, junto con la creación del registro de deuda consolidada.

La Sala de la Cámara de Diputados votará en los próximos días una moción impulsada por un grupo transversal de parlamentarios, que fue discutida y aprobada en la comisión de Economía del hemiciclo, denominada como el ‘derecho al olvido’. Ésta permite a deudores eliminar sus datos personales financieros de deuda o morosidades, cuando -cumplida su finalidad- no existan razones legítimas para que sigan siendo conservados.

El plazo para la eliminación transcurrirá tras cinco años o más desde la mora o desde que la obligación se hizo exigible. Hoy, si bien la legislación contempla que transcurrido un período la deuda morosa prescribe, el dato de morosidad se mantiene en los registros.

En línea con los objetivos del proyecto, se establece el deber de las instituciones financieras de eliminar de sus registros internos los historiales de deuda y comportamiento de pago negativo de aquellos deudores de los cuales sus obligaciones sean inexigibles.

También se crean sanciones para aquellas empresas que incumplan el deber de eliminar el registro histórico de deuda.

La directora de Privacy Consulting y académica de la Universidad Adolfo Ibáñez, Romina Garrido, abordó en conversación con DF los impactos de la iniciativa. ‘Sostuvo que el proyecto si bien limita el tiempo en que puede existir este registro histórico, ‘hay que tener cuidado de las formas de cómo se hace este beneficio, con las personas que son castigadas por no haber pagado y al estar ingresadas a estos registros, no pudiendo obtener créditos’.

La abogada y experta en protección de datos personales llama a estudiar bien la fórmula para materializar el ‘derecho al olvido financiero’, pues si bien tiene una ‘finalidad que es positiva y se condice con normas de protección de datos’, debería distinguir, al menos, los montos de deudas.

Planteó que uno de los problemas de la moción es que ‘se declara por el solo ministerio de la ley, es decir, sin haber un juicio o un intento de cobro’. Manifestó que es importante contar ‘efectivamente con una ley que permita a las personas rehacer su vida financiera, pero sin perjudicar a todos quienes componen el sistema financiero’.

¿La receta correcta?

Garrido recordó la importancia de que el Congreso avance en la legislación del proyecto de protección de datos personales, cuya tramitación data del segundo gobierno de Michelle Bachelet. Añadió que otra iniciativa que debe empujarse es la creación del registro de deuda consolidada.

Argumentó que la actual iniciativa parlamentaria es una solución ‘parche’, ya que los otros dos proyectos son los que crean la base de protección para los consumidores financieros.

Entre los elementos que criticó de la moción es que ‘no puede ser la eliminación a todo evento. Hay ciertas formas de proteger el mercado financiero de deudores que son reiterativos’. Una solución que esbozó es que el olvido financiero podría comenzar una vez que se agotaron los recursos y procesos judiciales. Apuntó que ‘tiene que haber un juicio que permita perseguir una deuda, si no, se atenta contra todo nuestro sistema de pagos’. En caso contrario, habrían ‘incentivos para no pagar y finalmente eso perjudica a todos los que pagan y al sistema financiero’. (Diario Financiero)