Debido a la masificación de los medios de pago, la entidad ve la necesidad de una convergencia regulatoria.

Si pago con mi teléfono celular, ¿qué pasa si me lo roban? Esta es una de las preocupaciones que levanta Claudio Ortiz, presidente de la Asociación del Retail Financiero en conversación con ‘El Mercurio’. ‘El fraude se ha ido trasladando de la calle a lo virtual’, plantea, ya que según las estadísticas que maneja, un 55% del total de las transacciones se están haciendo a través de medios de pago electrónicos.

Por otro lado, señala que la implementación de la ley 21.234, conocida como ley de fraude, cambió la responsabilidad desde el usuario hacia el oferente del medio de pago en caso de desconocimiento de una transacción, lo que ‘está aumentando fuertemente el costo de los fraudes para los operadores’. El año pasado, bajo esta ley, se reintegraron cerca de US$ 140 millones a los usuarios, ya sea a causa de defraudación por parte de terceros o por desconocimiento de transacciones por parte de los usuarios.

‘Desconocimiento que no está claro si son reales o algunos simulados para aprovechar esta situación’, indica Ortiz. Por esto, además de hacer un llamado a revisar este cuerpo legal, señala que es necesario avanzar a un plan de convergencia regulatoria. Esto, para poder tomar medidas que permitan mitigar la comisión de fraudes. ‘El objetivo es converger las políticas públicas que tienen que ver con la telefonía móvil y los medios de pago, dar mayor certidumbre jurídica a los usuarios de estas industrias’, explica. En lo particular, Ortiz señala que se debe trabajar en fortalecer la autenticación de los clientes al momento de contratar un servicio de telefonía. ‘Este es un tema de la mayor importancia, porque un cliente que no realizó adecuadamente la autenticación al momento de contratar un teléfono móvil puede terminar afectando el uso del medio de pago’, advierte.

Lo anterior, significa mejorar los protocolos que las empresas de telecomunicaciones deben realizar al momento de la contratación de servicios, explica. Por otro lado, plantea que es necesario que el Registro Civil ‘avance de forma importante y rápida con el acceso de todo el ecosistema financiero hacia la base de datos de biometría’. Para Ortiz, estas medidas ayudarían a mejorar los procesos de autenticación, que a su vez podrían mitigar los fraudes en el ecosistema financiero. En otra materia, valora el avance en la ley de protección de datos personales, que se encuentra en su tercer trámite constitucional en el Congreso. ‘Cuando nosotros hablemos de un desarrollo de la economía digital y la masificación de los medios de pago electrónicos, hay dos temas que son claves: la protección de datos personales y la ciberseguridad’, afirma. Ortiz denomina que estos son ‘pilares básicos’ para la industria, y que, si no están cimentados y en régimen, la Ley Fintech que se está implementando ‘va a partir coja’.

Tasas de intercambio

Otra preocupación de la Asociación del Retail Financiero es la fijación de las tasas de intercambio, es decir, la comisión que el banco emisor de una tarjeta cobra a la red de pago o adquiriente (Transbank, GetNet, Compraquí, etc.). En la industria, hay actores que han manifestado que estas son muy bajas, pero Claudio Ortiz señala que ‘más que la crítica al número, sentimos inquietud respecto a la metodología de cálculo que se aplicó’. Esto, ya que según Ortiz ‘el mercado ya está actuando. Seis años atrás había un adquiriente, hoy hay seis’ y este aumento ‘no se le puede atribuir a la fijación de la tasa máxima’.

En particular, critica la metodología usada para definir de igual manera las tasas de intercambio para tarjetas de crédito y prepago, ya que la primeras traen aparejadas una cantidad de costos mayores asociados al riesgo que significa una operación crediticia, mientras que las segundas tienen costos más bien operacionales de administración. ‘Lo que tenemos que lograr es una tasa de equilibrio que permita a todos los incumbentes trabajar juntos para la mayor masificación en el uso de medios de pago. Esto conlleva una mayor formalidad de la economía, mejora en la recaudación tributaria y una mayor eficiencia del Estado y de las empresas’, explica Ortiz. (El Mercurio)