La propuesta busca que los bancos eliminen de sus registros deudas prescritas o pagadas de más de cinco años.

La Cámara de Diputados despachó el lunes al Senado el proyecto de ley que busca consagrar el derecho al olvido financiero. En la práctica, esto se traduciría en que las entidades financieras deberán borrar de sus registros las deudas prescritas o que fueron pagadas hace más de cinco años. Además, la iniciativa propone sancionar con multas a las instituciones que infrinjan esta normativa.
El diputado autor del proyecto, Daniel Manouchehri (PS), valoró su avance tras nueve meses de su ingreso al Congreso. “Con este proyecto vamos a favorecer a millones de personas, se acaban las listas negras, se acaba el abuso”, dijo el diputado, tras ser aprobadas las indicaciones del proyecto en la Sala de la Cámara. Agregó que “estaremos atentos al lobby del poder en el Senado, que no nos cabe duda de que buscarán meterle letra chica”.
Manouchehri describió que el “derecho al olvido financiero” obligaría a las entidades financieras a eliminar de sus registros aquellas deudas que se encuentran prescritas o que “incluso han sido pagadas, pero no han sido borradas”. Afirmó que esto será beneficioso para las personas, ya que les permitirá acceder nuevamente a productos financieros.
“En nuestro país, una persona puede borrar sus antecedentes penales, pero una persona que tiene una deuda está condenada de por vida a estar en un registro negro que guardan estas entidades financieras”, señaló.
Apoyos del PS
Otros parlamentarios del Partido Socialista se mostraron a favor del avance de este proyecto. El diputado Daniel Melo sostuvo que esta iniciativa “le pone una verdadera muralla al tráfico de datos que utilizan las entidades financieras y los bancos” y que entrega “una segunda oportunidad para las personas y también para las pymes, para poder emprender y acceder a créditos”.
La diputada Ana María Bravo señaló que espera que el Senado agilice el trámite de esta iniciativa en beneficio de pymes y emprendedores. “En estos momentos de dificultades económicas es cuando más el aparato del Estado tiene que apoyar a las familias y a las personas para poder reactivar la economía”, indicó la subjefa de la bancada.
Respecto de la discusión en el Senado, el diputado Manouchehri espera que el Gobierno le dé urgencia legislativa. “Confiamos en que el Ejecutivo pueda cumplir su compromiso con las pymes, porque recordemos que este fue un proyecto en el marco del acuerdo por el salario mínimo. Las pymes solicitaron que se diera urgencia a este proyecto”, aseveró.
Críticas de la banca
Los gremios de la industria financiera se mostraron descontentos con el avance de esta iniciativa. Juan Esteban Laval, fiscal de la Asociación de Bancos (ABIF), calificó la aprobación del proyecto de ley como “una mala noticia”. Esto, ya que estima que debilita el sistema de pagos, afectando el acceso al crédito y, en consecuencia, a la formalidad financiera.
Además, desde la ABIF reiteraron la importancia de apoyar iniciativas que promuevan la formalidad financiera y que prevengan el sobreendeudamiento.
Claudio Ortiz, presidente ejecutivo de la Asociación de Retail Financiero, indicó que esta es “una política pública mal diseñada”. Por un lado, menciona que al utilizar incorrectamente el proyecto el verbo “eliminar”, se borrará de las bases de datos de los emisores de crédito la información de sus propias acreencias, lo que limitaría las posteriores acciones de cobranza. Así, se transformaría “en una expropiación regulatoria”.
Ortiz añadió que esta materia está siendo tratada en tres cuerpos legales distintos, “lo que da cuenta de una preocupante ineficiencia legislativa”. Incluso va en sentido contrario a otros proyectos de ley que promueven más y mejor información crediticia, dijo, como es la iniciativa de crear un registro de deuda consolidada.
“Este proyecto de ley debió prohibir la comunicación de información a terceros, en vez de eliminar la información de las deudas de cada emisor”, enfatizó Ortiz.
Para Raúl Arrieta, abogado socio de Gutiérrez y Arrieta, este es un punto clave que explica por qué surge este proyecto. “Como consecuencia de lo que se ha demorado en la reanudación de la normativa sobre datos personales, nos hemos ido acostumbrando a que la solución es evitar que se trate la información, cuando lo que se debería hacer es tener una institucionalidad que permita que los datos se usen de buena forma”, valoró.
Según el abogado, “si le quedé debiendo dinero al banco A, no es que se le tenga que olvidar. Pero está muy bien que no le siga avisando al banco B que yo le quedé debiendo”.
CRÍTICA
Los gremios indican que el proyecto debilita el sistema de pagos y el acceso al crédito. (El Mercurio)