Entre otras iniciativas, diversos especialistas convocados por la Asociación del Retail Financiero en el Foro de Medios de Pago, llamaron a revisar la Ley de Fraudes con Tarjetas.

A US$139 millones ascendió en 2022 el monto de las transacciones no reconocidas por titulares, y que fueron informadas a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en el marco de la ley 21.234, también conocida como Ley de Fraudes con Tarjetas.

Promulgada en 2020, la iniciativa establece limitaciones a la responsabilidad del usuario de medios de pago y transacciones electrónicas ante el caso de extravío, hurto, robo o fraude. Así, la responsabilidad ante dichos problemas recayó sobre las entidades financieras emisoras de plásticos, las que, además, en estos casos mencionados, debían restituir los fondos de las transacciones desconocidas por los usuarios en un plazo de 5 días hábiles si el monto defraudado es de hasta 35 UF, o 12 días hábiles si el monto es mayor.

En ese contexto, el pasado 30 de junio el Foro de Medios de Pago, iniciativa implementada por la Asociación del Retail Financiero, llevó a cabo una sesión bajo el título “Confianza en el ecosistema de medios de pago”, donde presentaron una serie de propuestas para combatir el alza en los fraudes. El foro está conformado por Claudio Ortiz, presidente ejecutivo del gremio antes mencionado; Patricio Sandoval, gerente general de Mastercard; Francisco Valdivia, gerente general de Visa; Felipe Harboe, abogado, exsenador y experto en regulación financiera; Javier Etcheverry, CEO de Klap; Rodrigo Silva, gerente general de Coopeuch y presidente de Coopera (Asociación de Cooperativas de Ahorro y Crédito); Carlo D’Agostino, director de Asech A.G.; Tomás Flores, economista jefe de Libertad y Desarrollo; Hermann González, profesor de Clapes UC; Claudio Raddatz, profesor de la FEN de la Universidad de Chile; Michelle Labbe, economista jefe de Dominus Capital; Carla Bordoli, abogada especialista en libre competencia; Enrique Marshall, del Consejo Asesor de Hacienda; y Juan Trimboli, presidente de la fundación Consumo Responsable, entre otros especialistas y representantes de diversos sectores.

A la sesión, asistieron el senador Kenneth Pugh, la comisionada de la CMF Bernardita Piedrabuena, el presidente del Consejo Consultivo del Mercado de Capitales Enrique Marshall, y Mauricio Fernández, jefe de la Unidad Lavado Dinero, Delitos Económicos, Medioambientales y Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional. Y a ellos, justamente, se les presentaron las propuestas.

Según Claudio Ortiz, “la situación que vive el mercado financiero con el explosivo incremento del desconocimiento de las transacciones, nos exige buscar alternativas para mitigar este flagelo que va en constante aumento. Un elemento que consideró esencial el Foro de los Medios de Pago es avanzar hacia una convergencia regulatoria que permita una mirada sistémica al avance normativo para abordar esta problemática”.

“Creemos que la creación de un registro de las operaciones recurrentes con desconocimiento de transacciones, es esencial para dotar al mercado financiero y al regulador de información precisa para prevenir el incremento del autofraude, entre otras materias”, dice Ortiz.

Así, para mitigar el alza en los fraudes, el foro propuso perfeccionar la Ley de Fraudes con Tarjetas y mejorar “el estándar probatorio, revisar la lógica de la responsabilidad objetiva y reconocer como atenuantes la implementación de medidas de seguridad que desarrollen los emisores”.

La problemática, a propósito de la implementación de esta ley, es algo sobre lo cual la CMF ya se ha pronunciado anteriormente. En mayo pasado, la presidenta del regulador, Solange Berstein, señaló que durante la tramitación “presentamos ciertos reparos respecto de cómo quedó el texto, de cosas que vemos hoy, porque estamos viendo un volumen muy alto de fraudes, pero también se presta para eventuales malas prácticas que es algo que se ha estado observado, y que algunas instituciones financieras han relevado. Quizás requeriría de algún ajuste esa ley, estas son cosas que son iniciativa del ejecutivo y nosotros estaremos aportando los antecedentes que hemos observado”.

Como segunda medida, el foro también propuso “la creación de un registro de las operaciones recurrentes con desconocimiento de transacciones”, e “identificar números de teléfonos correspondientes a prepago o postpago”, como tercer punto.

Las otras dos proposiciones apuntan a “robustecer los procesos de autenticación con reconocimiento biométrico permitiendo el acceso a la base de datos del Registro Civil, tanto a las empresas del ecosistema financiero como de telecomunicaciones”, y “mejorar la trazabilidad vinculando la Simcard (física o digital) de prepago al RUT durante la activación, para la individualización y registro de datos de usuarios de servicios de telefonía prepago, para una mejor persecución penal del delito”. (La Tercera)