A juicio del gremio, la iniciativa, que se encuentra actualmente en tercer trámite constitucional y que mañana se empieza a discutir en comisión mixta, contiene dos normas que afectarían en especial a las pymes y a los consumidores. La primera dice relación con la extensión de la garantía de productos de tres a seis meses y la segunda con la prohibición de realizar descuentos de un bien o servicio si éste se encuentra sujeto al uso de un determinado medio de pago, administrado por el mismo proveedor o por un relacionado.

El proyecto de ley 12.409 comúnmente denominado “pro consumidor”, que tiene por objeto perfeccionar la ley de protección de los derechos de los consumidores y que actualmente se encuentra en tercer trámite constitucional, posee dos normas que preocupan al comercio y el turismo, especialmente a las pymes y a su vez, afecta a quien justamente se busca favorecer, los consumidores. La primera dice relación con la extensión de la garantía de productos de tres a seis meses y la segunda con la prohibición de realizar descuentos de un bien o servicio si éste se encuentra sujeto al uso de un determinado medio de pago, administrado por el mismo proveedor o por un relacionado.

Respecto de la primera norma, el presidente de la CNC, Carlos Stange señaló que “si bien apoyamos un proyecto que tiene por objeto facilitar la vida de los consumidores, nos preocupa que se apruebe una medida que significará otro duro golpe para las pymes del comercio y, en definitiva, elevará los costos de los productos. Esto en consideración a que es una carga excesivamente onerosa para las pymes tener que hacer una devolución del dinero o incluso entregar un nuevo producto hasta medio año luego de la venta, siendo incluso altamente complejo asegurar el stock”. Continuó señalando que “todos estos mayores costos que en ningún caso podrán ser absorbidos por las pymes, que ya vienen fuertemente golpeadas por la pandemia, tendrán que ser traspasados a precio, lo que será finalmente asumido por los consumidores. Esto es especialmente grave en una situación como la actual en que cada peso cuenta”.

Junto con esto, señaló que esta norma tiene otros efectos no deseados como son los medioambientales y un desincentivo a la economía circular, “al no haber ningún incentivo a la reparación de un bien, este simplemente pasará a ser desecho, impactando así innecesariamente al medio ambiente”. Por todo lo anterior, el presidente de la CNC hizo un llamado a que se establezca, como se hace en otros países, un orden de prelación de las diferentes opciones con que cuenta el consumidor, iniciando por la reparación, luego la restitución y finalmente, la devolución de lo pagado de no haberse podido satisfacer las necesidades y expectativas del consumidor con las primeras dos opciones.

En cuanto a la segunda norma -prohibición de descuentos sujetos a determinados medios de pagos- el presidente de la CNC hizo un llamado a rechazarla, ya que lo único que lograría es terminar con los programas de fidelización, altamente valorados por los consumidores. Al respecto, Carlos Stange señaló que “en un momento en que los restaurantes han estado muy golpeados por la pandemia, que duda cabe que los descuentos especiales han sido una ayuda esencial no solo para seguir vendiendo sino que también para darse a conocer a nuevos clientes. Así también, en momentos tan difíciles para las familias chilenas, tener la oportunidad de obtener productos a precios especial es altamente valorado”. Por esto, el presidente de la CNC señaló que “compartimos que es necesario avanzar en mayor transparencia e información en productos y servicios financieros, pero prohibir las promociones no es la solución”. Finalmente añadió que “esta medida no sólo no terminará con el endeudamiento de las personas, sino que simplemente reducirá el acceso a crédito y a promociones y beneficios tan valorados por la población. Por esto, esperamos que la norma se elimine de un proyecto de ley que en general entrega valiosas herramientas a los consumidores”. (CNC)