En el marco de la tramitación del proyecto de ley que busca fortalecer las facultades del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), surge un desafío urgente: la protección de los consumidores frente al explosivo crecimiento del crédito informal. Este fenómeno atrapa a numerosos consumidores que, en su desesperación por cumplir compromisos, recurren a aplicaciones que prometen dinero rápido, pero que los someten a un sistema de intereses usureros, prácticas abusivas y coerción.
En esta línea, el Sernac anunció una ofensiva contra las apps de préstamos extorsivas. Ofició a Google y Apple para que eliminen las aplicaciones que no cumplan con los requisitos mínimos de la legislación y derivó antecedentes a la PDI para investigar su origen. A esta iniciativa se suma el seguimiento que desde 2020 realiza la CMF y que a la fecha ha denunciado más de 240 sitios web, plataformas y empresas que ofrecen créditos fraudulentos o inversiones fuera de regulación.
Acciones como estas evidencian una verdadera estampida del crédito informal. Aunque la tecnología ha facilitado soluciones en muchos aspectos, también ha abierto nuevas vías para delinquir, generando dos tipos de consumidores. Por un lado, están quienes gozan de la protección del Sernac y de toda la institucionalidad y, por otro, aquellos invisibles para las autoridades, atrapados en redes de crédito informal.
¿Cómo llegamos a este punto? Es resultado de la combinación entre organizaciones destinadas a delinquir, el avance tecnológico, la falta de fiscalización y cambios regulatorios que no han propiciado una mayor inclusión financiera. A esto se suma el desconocimiento de la población más vulnerable, que ante la necesidad recurre a este tipo de financiamiento.
Nos encontramos ante un delito que se mueve más rápido que la regulación y que es fuente de financiamiento para el crimen organizado. Esta situación exige una respuesta firme y coordinada entre las instituciones del Estado, con el Sernac como actor central en la fiscalización del crédito informal. Resulta de suma importancia dotar a esta institución de atribuciones amplias, que le permitan fiscalizar tanto el comercio formal como el informal y los prestamistas ilegales. Con su presencia en todo el país y sus canales de atención, el Sernac puede detectar prácticas abusivas que afectan a los sectores más vulnerables, observando el mercado informal con la misma rigurosidad que el formal y generando información que permita a los organismos de persecución penal actuar con eficacia. Además, gracias al uso de inteligencia de datos, podría ayudar a desarticular redes de crimen organizado, convirtiéndose en un aliado estratégico para la PDI, la Fiscalía y el Ministerio del Interior.
Así las cosas, fortalecer las facultades del Sernac no es solo una oportunidad, sino una responsabilidad ineludible frente al crédito informal. Es tiempo que, con herramientas sólidas y colaboración interinstitucional, el Sernac pueda dar la adecuada protección a los consumidores más vulnerables. Solo así podremos detener el avance del crimen organizado y construir un sistema financiero verdaderamente inclusivo, en el que todos gocen de la protección que merecen, sin excepción.
Por Alejandro Arriagada, secretario general de la Asociación del Retail Financiero (latercera.com)