Cuando los árboles no dejan ver el bosque

A días de zanjar la discusión en torno al mecanismo para redactar una nueva Constitución, el debate parlamentario ha adquirido especial relevancia, tanto por la diversidad como por la cantidad de materias abordadas. Hoy más que nunca se hace necesario tomar distancia de la contingencia, para mirar esta discusión desde una perspectiva de conjunto con una visión de mediano y largo plazo. Esto, porque tal como sostiene el dicho «cuando los árboles no dejan ver el bosque», la urgencia por ofrecer soluciones inmediatas al difícil escenario por el que atraviesa el país, ha provocado que pasen desapercibidas ciertas variables que podrían poner en riesgo la estabilidad del sistema financiero.

Las iniciativas legales que se han planteado en el marco de la crisis están bien inspiradas; sin embargo, al analizarlas en su conjunto, queda en evidencia que no se está previendo el efecto agregado y permanente que ellas tendrán en nuestra economía. Proyectos como la eliminación de datos comerciales crediticios, la postergación por ley de las cuotas de los créditos, las limitaciones a las gestiones de cobranza extrajudicial y las recientes iniciativas que establecen prohibiciones a la oferta de seguros en el mercado financiero y la prohibición de cobro de intereses moratorios, son frondosos árboles que no dejan ver el rumbo que tomaría la economía si todas estas iniciativas son aprobadas. La Comisión para el Mercado Financiero hace unos días levantó una alerta respecto a este punto, advirtiendo sobre el impacto agregado que tendrían en la solvencia y liquidez del sistema financiero la aprobación de estos proyectos de ley.

Al confundirse los planos de crisis y normalidad, en la práctica podría resultar que estos remedios se transformen en una sobredosis que terminen afectando al sistema en su conjunto. Si estas iniciativas se convierten en ley, lejos de avanzar hacia la anhelada recuperación económica estaríamos amplificando la crisis, provocando, entre otros posibles efectos, el corte en la cadena de pagos y una contracción en la oferta de créditos de las personas más vulnerables, lo que equivale a empujarlas al peligroso mundo de los prestamistas informales. Es lamentable constatar que el mercado informal del crédito se ha disparado, como bien ha quedado reflejado en diversos artículos de prensa. En esta misma línea, el BancoEstado estima que, de aprobarse el proyecto que promueve nuevas regulaciones al mercado financiero y que contempla múltiples restricciones a la oferta de seguros, unas 300 mil personas más saldrían del mercado formal del crédito. En medio de la principal crisis económica que enfrenta el país en casi cuatro décadas, con una tasa de desempleo que supera los dos dígitos y con cerca de 3 millones de personas que manifiestan alguna disponibilidad de entrar al mercado laboral y no pueden hacerlo, el rol de las políticas públicas debe estar orientado a crear condiciones sustentables para que el sector privado vuelva a ponerse de pie, lo que implica entregar líneas de liquidez a las familias, generar nuevos empleos y proveer los recursos al Estado para financiar demandas sociales.

Sería muy conveniente que las autoridades -en especial los legisladores- puedan hacer una pausa y destinar un tiempo para analizar los proyectos con una mirada integral, convocando a distintos actores para un análisis reposado y técnico. Es imprescindible evaluar las consecuencias de avanzar con una visión sesgada por las urgencias, que impide ver las complejidades de un bosque en ciernes. (La Tercera)