Gremios afirman que la iniciativa dejará a la institución como “juez y parte”. El Ejecutivo asegura que es distinto de la propuesta rechazada por el TC en 2018.
El Gobierno busca sacar adelante el proyecto de ley que pretende dotar de mayores atribuciones sancionatorias al Servicio Nacional del Consumidor (Sernac). La discusión de la iniciativa, que fue presentada en septiembre de 2023, cobró fuerza en noviembre de este año, luego de que el Ejecutivo ingresó sus indicaciones para destrabar su tramitación legislativa, tras recoger las opiniones de gremios, expertos y asociaciones de consumidores.
Si bien los diputados de la comisión de Economía ya iniciaron la votación de las indicaciones propuestas, la discusión reflotó uno de los principales reparos del sector privado en contra del fortalecimiento de las capacidades del Sernac: las atribuciones de sanción. En 2018, el Tribunal Constitucional (TC) declaró como inconstitucionales las facultades sancionatorias y normativas que contenía la reforma al organismo, dado que consideró que lo dejaba en una posición de “juez y parte”.
Durante la tramitación en la comisión, el ministro de Economía, Nicolás Grau, aseguró ante los parlamentarios que la actual iniciativa considera dar “soluciones y reparaciones” a los más de 270 mil reclamos de consumidores que no tienen solución. En esa línea, plantean que este proyecto sea una medida disuasiva para las empresas con miras a alcanzar un acuerdo y no llegar a un proceso sancionatorio.
Reparos de actores privados
Gremios del sector privado han planteado preocupaciones en torno a la facultad sancionatoria que tendría el Sernac a lo largo de su discusión legislativa. Fuera de micrófono, algunos dirigentes señalan que, luego del fallo del TC en 2018, no tendría sentido insistir con dotar al organismo con estas atribuciones.
“Creemos que la facultad sancionatoria no corresponde a un servicio que por su naturaleza no es imparcial, pues tiene el mandato de defender a una de las partes: los consumidores”, dice Ricardo Mewes, presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC). Señala que el problema radica en que dicha facultad “se contrapone con el cúmulo de funciones con las que ya cuenta el Sernac, con lo que de manera simultánea sería parte interesada —con legitimación activa— y juez sancionador”.
“Es un error insistir sobre una materia que ya fue analizada y zanjada por el Tribunal Constitucional años atrás. El Sernac es un órgano parcial por definición, ha desarrollado una gran labor en defensa de los consumidores y de incorporar esta facultad desnaturalizaría su función principal”, dice Claudio Ortiz, presidente ejecutivo del Retail Financiero. “El solo hecho de que para justificar esta medida se tengan que construir murallas chinas, refleja el conflicto de interés que se daría al interior de este servicio público. Mucho más importante que obtener esta facultad, es que el fortalecimiento de esta institución se encuentre dirigida a combatir el comercio ilegal y el crédito informal; ambos pilares del crimen organizado”.
Para María Teresa Vial, presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), este proyecto debería facilitar las “soluciones tempranas a los conflictos individuales de los consumidores”, considerando “mecanismos modernos, expeditos y con garantías para las partes, privilegiando la solución efectiva por sobre la sanción”.
“No será juez y parte”
Consultado al respecto, desde el Ministerio de Economía enfatizan en que el Sernac “no será juez y parte” con estas modificaciones. “Primero, porque la aplicación de eventuales sanciones se realizará luego de un procedimiento administrativo sujeto a revisión judicial. Como es lo usual en estas materias, el rol de los tribunales se encuentra en la revisión de las decisiones administrativas”. En segundo lugar, señalan que “este proyecto es diferente de aquel declarado inconstitucional por el TC y se diseñó teniendo especialmente en cuenta dichas prevenciones”.
“La nueva facultad sancionatoria se ejercerá a través de una subdirección independiente y especializada, y se incluyen reglas robustas y especialmente diseñadas para evitar el cruce de facultades”, destacan. (El Mercurio)