La Sala del Senado aprobó la iniciativa, la cual fue presentada por el senador Carlos Bianchi, reflotando la idea de su hijo, diputado Karim Bianchi, que había sido rechazada por las comisiones de Economía de ambas cámaras.
Preocupación es la que hay en el Gobierno y en distintos sectores económicos tras lo ocurrido a altas horas de la noche del miércoles 2 de diciembre en el Senado, en medio del debate por el proyecto de ley Pro Consumidor. Esto, luego de que la Sala repusiera y aprobara una polémica indicación impulsada desde la Cámara de Diputados, y que busca prohibir descuentos exclusivos asociados a tarjetas de casas comerciales.
La indicación provino el año pasado del diputado Karim Bianchi (independiente), la cual pese a ser rechazada dos veces por la comisión de Economía de la Cámara, igualmente logró reclutar el apoyo para que la Sala la despachara al Senado. Y en la Cámara Alta la historia fue similar: la medida fue rechazada por la comisión de Economía, el senador Carlos Bianchi (independiente) -padre del mencionado diputado- la repuso en Sala, y con 13 votos a favor, fue aprobada.
Ahora el debate de la ley Pro Consumidor -que busca incentivar y fortalecer la protección de los derechos de los consumidores, en temas como derecho a retracto, regulación de compras online y pasajes aéreos- la medida pasará a su tercer trámite legislativo en la Cámara, sin embargo, podría terminar en Comisión Mixta en caso de que los diputados no visen todos estos cambios.
Por ahora la medida que prohíbe descuentos asociados medios de pago del retail, al ser visada por ambas cámaras, se daría por aprobada, por lo que no tendría que revisarse en el tercer trámite. Aunque, ante la eventualidad de que haya una Comisión Mixta, la instancia podría abordar la iniciativa si es que hubiese voluntad de los integrantes.
La idea -conocida en la jerga parlamentaria como 17H- no solo cuenta con el rechazo del Gobierno y algunos parlamentarios de oposición, sino que con prácticamente el consenso de los organismos técnicos: La Fiscalía Nacional Económica (FNE), economistas, asociaciones de consumidores, el Sernac, la Cámara Nacional de Comercio (CNC), el Tribunal para la Libre Competencia (TPLC), entre otros, han manifestado sus reparos a la medida, que tiene como espíritu que los consumidores no estén “atados” a un determinado medio de pago para acceder a descuentos, y paliar el sobreendeudamiento en la población.
Así, algunas entidades -como el Retail Financiero- han asegurado que agotarán todas las herramientas para que esta iniciativa no vea la luz. En ese contexto, se asoman algunos caminos que podría enfrentar, donde, además la opción de que sea rechazada en Comisión Mixta, está la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional (TC) para impugnarla, mientras que también surge la opción del botón del veto presidencial en caso de que el Congreso despache la norma. Nada de esto descartada por el Ejecutivo.
El ministro de Economía, Lucas Palacios, es optimista respecto a que esta controvertida indicación sea abordada en en lo que queda de tramitación, por lo que ante la opción de ir al TC o eventualmente vetarla, señaló a Emol que “vamos paso a paso, todavía quedan instancias de tramitación”, aunque lamentó que aquello se transforme en “una piedra en el zapato para un proyecto que tiene muchas medidas positivas para los consumidores”.
“Lo que sí es relevante reiterar, es que haremos todo porque los consumidores gocen a la brevedad de todas las medidas pro consumidor que considera el proyecto, tales como el refuerzo de la garantía legal, el derecho a retracto en compra de bienes por medios electrónicos, entre otras”, insistió.
Asimismo, aseveró que esta prohibición “no solamente afecta las ofertas del retail, sino que también a todas aquellas promociones que son realizadas por restaurantes, farmacias, y otros establecimientos. De ser aprobada esta norma, incorporada por indicación, los más perjudicados serían los consumidores que dejarían de tener acceso a las ofertas que se hacen por esos medios”.
Por su parte, el senador Felipe Harboe (PPD), quien rechaza la indicación -y de hecho la votó en contra en la comisión de Economía-, descartó la opción de ir al TC, ya que “no legitimo el rol del Tribunal Constitucional, no lo he hecho nunca”, añadiendo que para frenar la medida deben actuar “quienes corresponden, si no, bueno, el Presidente tendrá que evaluar el veto”.
“La FNE, el TPLC, la propia industria y, adicionalmente, el Gobierno, consideran que la evidencia demuestra que no es adecuada. Parece extremadamente rara la obsesión que tiene un diputado, y su padre senador, de meter esta indicación”.
“Creo que de verdad esto es delicado, porque no solamente va en contra de la libre competencia y el modelo de negocios, sino que al final del día perjudica a los consumidores (…). Creo que es una indicación sin ningún tipo de fundamento técnico”, resaltó. Por eso, apuntó que “sería ideal” que la indicación se discutiera en la Comisión Mixta, “porque, insisto, esto puede terminar perjudicando directamente a los consumidores”.
El senador Bianchi, se ha defendido de las críticas. Durante su intervención en la votación de la norma en el Senado, indicó que “puedo entender que efectivamente se haga una defensa de lo que son estas agrupaciones económicas, pero aquí lo que se hace en la práctica (con las críticas a la medida) es ir contra el usuario, contra el cliente, a quien se le obliga a tener el descuento en la medida que use esa tarjeta de esa determinada tienda, punto”.
“El cliente solo con esa tarjeta pueda obtener un descuento, y si paga al contado, ¿no se le entrega el descuento? Eso sí que es arbitrario, eso sí que es injusto, eso sí que contraviene la libertad de las personas en poder elegir un mismo producto en la forma que quiera pagarlo”, expresó. Además, sostuvo que con esto no se limitarán las ofertas al público, “ese es un argumento para intentar justificar que las personas estén manteniéndose con la obligación de tener esas tarjetas para obtener un determinado descuento”.
“Los descuentos los pueden hacer igual, ya sea con tarjeta, sin tarjeta, en efectivo o, el mecanismo que sea, pero esto lo que logra es tener capturados a los clientes con una venta atada, y luego, ¿qué ocurre? Esta persona queda con una deuda importante y con la obligación de poder comprar solo por vía de esa tarjeta”, concluyó Bianchi.
La medida es un “desastre”
María Jimena Orrego, abogada externa de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus), aseguró a este mismo medio estar “completamente en contra de esta indicación (…). Usted no va a evitar el sobreendeudamiento mediante una medida como esta”.
Asimismo, recalcó que “resulta increíble que después de un trabajo de casi dos años, en que fueron oídos abogados, economistas, asociaciones de consumidores, el Sernac, la FNE, la indicación se rechazó en las comisiones de Economía de la Cámara y del Senado, para luego, en votación en Sala con argumentos de un senador de la República (Bianchi), de dos minutos, convenciera a los 13 senadores que era una indicación correcta”.
Dicho eso, subrayó que la medida “es un desastre” para los usuarios de estas tarjetas asociadas a tiendas del retail, añadiendo que los ganadores con esto son los grandes bancos, quienes podrían “seguir haciendo los descuentos asociados a compras con sus tarjetas, beneficiando a los más ricos con sus descuentos y con acumulación de puntos. Los consumidores que no tienen tarjetas bancarias no podrán”.
A la vez, expuso que, en caso de que la normativa se concrete, “vendrán muchos reclamos. Recuerde que el consumidor cuando decide obtener una tarjeta por sobre otra, lo hace según los ‘beneficios’ que las tarjetas les otorguen, lo que se conoce como el factor de decisión. Cuando se promociona una tarjeta con determinados beneficios, estos forman parte del contrato de acuerdo de principio de integración publicitaria según la LPC. ¿Cómo le explica el proveedor que ya no puede obtener los beneficios porque la ley lo prohíbe?”.
Mientras que el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Manuel Melero, comentó que “si bien compartimos que es necesario avanzar en mayor transparencia e información, prohibir estas promociones no es la solución”.
“El comercio, sobre todo el pequeño, ha vivido uno de los momentos más difíciles en cuatro décadas por la crisis social, económica y sanitaria. Esta indicación que prohíbe los descuentos asociados a los medios de pago es un golpe muy duro para el comercio que tendrá consecuencias ramificadas hacia otros sectores”, acotó.
Pero, “lo más importante: es perjudicial para los propios consumidores, los que no podrán beneficiarse de los descuentos. Por ejemplo, se acabarían los descuentos en restaurantes o en compras -tan valoradas en épocas como la Navidad, considerando especialmente el momento de gran incerteza que vivimos-. Por todo esto, llamamos al Congreso a corregir esta perjudicial iniciativa”. (Emol)