Los emisores no bancarios de medios de pago también han visto un aumento exponencial en los reportes de fraudes, que se explicaría, en parte, por un mal uso que les han dado algunos usuarios a las falencias de la ley.

No solo los bancos se han visto afectados por el alza inusitada de reportes bajo la Ley de Fraudes, que los llevó a desembolsar US$ 350 millones por este concepto el año pasado. Otras entidades emisoras de medios de pago, como cajas de compensación, cooperativas y retailers, también denuncian un aumento en los reportes de fraudes.
La Ley 20.009, más conocida como Ley de Fraudes, limita la responsabilidad del usuario de medios de pago y transacciones electrónicas ante el caso de extravío, hurto, robo o fraude. Por lo tanto, es aplicable a cualquier entidad financiera que emita tarjetas de débito, crédito y prepago, o que permita transacciones electrónicas.
“Un incremento exponencial en el tiempo, tanto en el número de casos como de montos”, de reportes de fraudes han observado los socios no bancarios de la Asociación del Retail Financiero, según comenta su presidente ejecutivo, Claudio Ortiz. El gremio agrupa a socios que no pertenecen a la banca, como Hites, SBPay y Dimarsa, además de entidades bancarias y corredoras de seguros.
Ortiz afirma que la ley tiene “deficiencias severas” que pueden afectar en forma considerable “a todos los actores del mercado”. Indica que luego de la promulgación de esa norma, el autofraude “ha crecido significativamente”. Este tipo de fraude sucede cuando hay un titular que desconoce transacciones que efectivamente ha realizado y que, “en virtud de la ley actual, la institución financiera tiene que restituir automáticamente”.
La normativa actual establece que, ante el desconocimiento de un usuario de una transacción, la institución financiera debe reembolsar en cinco días hábiles el monto total si este es menor a 35 UF ($1,3 millones). En caso de ser la suma mayor a este umbral, el emisor del medio de pago tiene siete días hábiles más para restituir la diferencia.
La entidad financiera puede ejercer acciones judiciales si tiene antecedentes de dolo o culpa grave del usuario; es decir, que fue partícipe del fraude o que tuvo una negligencia extrema. Sin embargo, independientemente de si ejerce acciones, el emisor debe reembolsar “a todo evento” los montos hasta 35 UF.

Cooperativas y cajas
La gerenta de riesgo operacional y ciberseguridad de Coopeuch, Alexandra Barros, detalla que en 2023 desembolsaron más de $1.000 millones por desconocimientos bajo la Ley de Fraudes. Señala que “más del 53% corresponde a autofraude”.
“Hemos observado un alza importante respecto a los desconocimientos por fraude. Si comparamos lo que se canceló por este concepto el primer semestre de 2022 con el primer semestre de 2023, existe un 85% de incremento”, asevera Barros.
Pese a que las cifras son menores a las de los bancos, y a que no esperan alcanzar esas magnitudes, destaca que “en nuestro modelo cooperativo las cifras que pagamos asociadas a las malas prácticas, como el autofraude, afectan negativamente a la totalidad de nuestros socios”.
Similar es el diagnóstico de la Caja de Compensación Los Héroes. Jaime Cruzat, gerente general de la Cuenta Los Héroes Prepago, indica que han observado un aumento en los reportes de fraude. La situación que han informado en la banca “es una preocupación”, señala.
“Los sistemas de prepago no están exentos de casos de fraude, aunque, por la naturaleza de las operaciones, se trata de casos más limitados en su alcance, ya que no existen líneas de crédito asociadas”, explica Cruzat.
Inclusión financiera
Una de las preocupaciones que comparten los actores financieros es el impacto que pueda tener el mal uso de esta ley en el acceso a medios de pago.
Ortiz indica que las deficiencias de la legislación pueden provocar que “se adopten medidas más restrictivas para la incorporación de las personas al mercado financiero, perjudicando la inclusión financiera de los chilenos”. Podría ocurrir que se complejicen las transacciones, por ejemplo incorporando más pasos en una transferencia electrónica. Agrega que la actual legislación “afecta mayoritariamente a los consumidores que actúan correctamente, pues son ellos los que asumen el costo de quienes operan indebidamente”.
La advertencia del retail financiero es clara. “De no corregirse la ley, veremos un retroceso en los niveles de penetración de los medios de pago electrónicos, justo en el sentido inverso de lo que la economía y los consumidores necesitan”, dice Ortiz.
En la misma línea, Cruzat afirma que “es necesario aprender de la experiencia de estos años de aplicación de la ley de manera que, protegiendo al cliente final, no facilite potenciales usos inadecuados que pongan en riesgo el adecuado funcionamiento del sistema de medios de pago y la inclusión financiera”.
Para Barros, es una preocupación el rápido crecimiento de las cifras de fraude, “por el impacto negativo sobre la inclusión financiera que genera”. Piensa que se debe “buscar un mayor equilibrio en la ley”, entre la adecuada protección de los usuarios ante fraudes y poner restricciones para las personas que quieren aprovecharse del sistema.
Actualmente, se está discutiendo en la comisión de Hacienda del Senado posibles modificaciones a esta ley, en el marco de una propuesta del Ejecutivo sobre medidas contra el sobreendeudamiento. Sin embargo, desde la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF) afirmaron que las modificaciones “no corrigen los problemas estructurales de una mala ley”.
Los actores financieros comparten una inquietud por el impacto que el alza en fraudes pueda tener sobre la inclusión financiera y el acceso a los medios de pago electrónicos. (El Mercurio)

Recuadro

De no corregirse la ley (de Fraudes), veremos un retroceso en los niveles de penetración de los medios de pago electrónicos en Chile, justo en el sentido inverso de lo que la economía y los consumidores necesitan”.
Claudio Ortiz
PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA ASOCIACIÓN DEL RETAIL FINANCIERO
Las cifras de los bancos son significativamente mayores. Si bien no estimamos alcanzar esas magnitudes, en nuestro modelo cooperativo las cifras que pagamos asociadas a las malas prácticas, como el autofraude, afectan negativamente a la totalidad de nuestros socios”.
Alexandra Barros
GERENTA DE RIESGO OPERACIONAL Y CIBERSEGURIDAD DE COOPEUCH