El Ministerio de Economía está analizando los comentarios de la consulta pública y ven que el ingreso a Contraloría en diciembre. En la industria no descartan tomar acciones si se mantiene la versión inicial.

—El Ministerio de Economía inició hace algunos meses un trabajo para elaborar un Reglamento de Comercio Electrónico, el que tras ser sometido a consulta pública, entre el 28 de octubre y el 11 de noviembre, ahora se encamina hacia su etapa final.

El enunciado del reglamento dice que el objetivo es fortalecer la transparencia y calidad de la información al consumidor online, reforzar el derecho de libre elección y promover un desarrollo del e-commerce anclado en buenas prácticas.

Es eso mismo concuerdan en la industria, sin embargo, las discrepancias se dan en el detalle. Las principales observaciones se ciernen sobre su oportunidad, el aterrizaje en el terreno de lo práctico y en el cómo encaja en el marco jurídico.

Esos elementos encendieron las alarmas y fueron objetados en la consulta pública por el Retail Financiero, la Cámara Nacional de Comercio (CNC) y la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), los que al ser consultados por Pulso refrendaron su posición.

Por el lado legal, el asesor del Comité de Comercio Electrónico de la CCS, Raúl Arrieta, dice que el primer aspecto tiene que ver con el principio de reserva legal respecto a la actividad económica, ya que según la Constitución, la regulación de una actividad debe, necesariamente, ser por ley y no por reglamento.

En aspectos concretos, el abogado señala que el reglamento “no deja claro si la actividad de los operadores encaja o no en los términos del intermediario regulado en la Ley del Consumidor”. Esto sumado a las “conflictivas” interpretaciones de aspectos como el derecho al retracto y la regulación de la publicidad por medios electrónicos.

A lo legal se le suma lo relativo a la operatividad y logística. Javier Vega, gerente de Asuntos Corporativos del Retail Financiero, remarcó la importancia de la gradualidad en la implementación de los procesos y sugirió que el reglamento pone presión sobre los rnarketplaces, “al contener normas que suponen contar con avanzados sistemas de control de inventarios para poder cumplir con las obligaciones y así poder participar de las plataformas” .

Dijo que esto “pretende que el negocio online funcione con el mismo estándar que una tienda física, e incluso con más exigencias”. Eso mismo lo recoge el secretario general de la CNC, Daniel Montalva, quien agrega que el hecho de que se les obligue a garantizar un stock específico en línea, “ya genera un problema operacional importante en todos los niveles, pero sobre todo en las pymes, las que no cuentan con sistemas sofisticados”.

Además, mira con preocupación la exigencia que se pone sobre los costos de envío. “Se pide que en todo momento de la compra sea visible, pero en la práctica no es posible porque esto no solo depende de la ubicación del comprador, sino también de las tantas opciones que hay”, explicó.

En otro punto, dijo también que “el exigir una fecha específica para la entrega del producto termina presionando la logística y los costos de traslado”. Además, sugiere que el reglamento no se hace cargo del problema de fondo, el comercio informal.

Desde el Ministerio dijeron que siguen analizando los comentarios que llegaron en la consulta pública y que esperan ingresar la versión final a Contraloría durante diciembre. En la industria no descartan tomar acciones si se mantiene la versión inicial.

Recuadro• ¿Qué ha pasado? Tras consultas públicas entre el 28 de octubre y el 11 de noviembre, el gobierno estaría por presentar su versión final del reglamente para el comercio electrónico.

• ¿Qué encendió las alarmas del retail? Las principales observaciones se ciernen sobre su oportunidad, el aterrizaje en el terreno de lo práctico y en el cómo encaja en el marco jurídico y conversa con el orden constitucional. (La Tercera)