Iniciativa está a un paso de convertirse en ley y expertos estiman que podría hacer caer promociones.
A punto de ser ley se encuentra el proyecto proconsumidor. La iniciativa legal fue despachada el miércoles de la comisión Mixta que se formó para zanjar las discrepancias que existían en torno a esta. Dentro del proyecto está contenida una indicación del diputado Karim Bianchi que está generando ruido al interior de las empresas ligadas al comercio. Se trata de la prohibición de hacer descuentos asociados a determinadas tarjetas de pago. Para dimensionar la magnitud del universo impactado por esta prohibición, de acuerdo con información obtenida a partir de estadísticas de la CMF, a marzo de este año había 10,3 millones de tarjetas ligadas al retail.
De estas, cerca de 4,8 millones fueron utilizadas durante ese mes. En marzo del 2019 se discutía un proyecto con tintes similares (boletín 11941-03), que modificaba la Ley N° 20.169 para establecer, como un acto de competencia desleal, el condicionar el precio o descuento de un producto a determinado medio de pago. En aquella ocasión asistió la Fiscalía Nacional Económica (FNE) a la comisión de Economía de la Cámara, para entregar sus puntos respecto a la iniciativa. En la presentación, la FNE señalaba que no resulta claro que la conducta que prohíbe el proyecto constituya un acto de competencia desleal y que vaya a favorecer a los consumidores. Por el contrario, señaló la entidad, podría reducirse el número de promociones en el mercado y/o el acceso al crédito para los consumidores más vulnerables. Además, que los costos de la regulación parecen superar sus beneficios.
Luego, en mayo del 2020, el Sernac también se refirió al tema. Citando las conclusiones de la FNE respecto al boletín 11941-03, en la presentación se agrega: ‘Los descuentos, incluso los asociados a tarjetas emitidas por casas comerciales, son un mecanismo legítimo para captar y fidelizar clientes, es decir, son un mecanismo legítimo de competencia’. Dentro de las conclusiones del Sernac se plantea que la reforma puede acarrear consecuencias indeseadas en materia de competencia y acceso a descuentos por los consumidores. ‘Existen herramientas normativas transversales diseñadas específicamente para resolver problemas de sobreendeudamiento y decisiones financieras subóptimas’, planteó la entidad. Para explicar los objetivos detrás de la medida, Bianchi asistió a la sesión del 19 de mayo del 2020 de la comisión de Economía del Senado y señaló que ‘la regla general en nuestro ordenamiento jurídico es que los productos o servicios financieros no se podrán ofrecer de manera atada’.
Así, según se consigna en el portal del Senado de la misma fecha, la norma apunta a que los consumidores no sean discriminados en el acceso a beneficios, como por ejemplo, que aquellos que usan el efectivo no deban pagar más por el mismo producto respecto de quienes usan una tarjeta. De esta manera, buscan propiciar en la industria una competencia por ‘ofertas reales’. En la misma instancia del 2020, Bianchi precisó que la conducta del retail ‘esconde la venta atada de un crédito, de gastos de mantención y de seguros asociados’ y que con la disposición que se plantea ‘queremos que existan ofertas reales, que no se discrimine a quienes no pueden acceder al crédito y que haya una ‘guerra’ de precios reales’.
Además, en una minuta elaborada por el mismo Bianchi, con motivo de la comisión Mixta, se explica que con la medida solo se eliminan las ofertas y descuentos cuando están condicionados al pago con una tarjeta que es administrada por el mismo proveedor de esta, por una empresa relacionada al proveedor de la tarjeta o una sociedad de apoyo al giro que esté relacionada con el proveedor de la tarjeta. ‘Esto es importante, ya que no se prohíben los descuentos en restaurantes, por ejemplo, ya que los medios de pago no están relacionados entre los dueños de restaurantes y los proveedores de los servicios financieros’, precisó el parlamentario. (El Mercurio)