El proyecto Pro Consumidor se encuentra próximo a convertirse en ley. La iniciativa del Ejecutivo avanza en más de 30 cambios normativos que mejoran la relación entre proveedores y consumidores, reduciendo asimetrías y regulando de mejor manera aspectos legales que, previo al proyecto, se convertían en obstáculos o perjuicios para las personas en sus actos de consumo. En este sentido, el proyecto amplía las garantías de los bienes durables, facilita el término de los contratos de adhesión, regula la venta de pasajes aéreos, clarifica el derecho del consumidor para optar por la devolución o reposición del bien si después de la reparación subsisten las deficiencias y norma la información de los talleres autorizados para la reparación de automóviles, entre muchos otros aspectos.

No obstante, la principal controversia que ha generado esta iniciativa no dice relación con el texto enviado por el Ejecutivo -y perfeccionado en el trámite legislativo-, sino con una indicación de un diputado que busca prohibir los descuentos asociados a los medios de pago. Esta idea, que fue analizada en las comisiones de Economía de la Cámara y el Senado, contó con el rechazo de la mayoría de los expertos, la Fiscalía Nacional Económica, el Sernac y las más importantes asociaciones de consumidores, lo que provocó el rechazo de esta idea en estas comisiones técnicas. Sin embargo, el impulsor de la medida repuso su indicación en la sala en el último momento, consiguiendo su aprobación. El proyecto pasó entonces a Comisión Mixta y, pese a la insistencia de los integrantes de esta instancia, el mismo diputado creador de la indicación no dio la unanimidad para revisar el cuestionado texto.

No obstante, esta norma en particular va en contra de los consumidores. La iniciativa contiene errores técnicos evidentes al dejar en la nebulosa el sujeto afectado, al incluir en la prohibición a todos los medios de pago -tarjetas de crédito, débito y prepago- e intentar regular a un sector específico, lo que es abiertamente discriminatorio. Estas contradicciones han provocado el rechazo no solo de los parlamentarios oficialistas, sino de numerosos diputados y senadores de oposición que dimensionan los efectos nocivos que tendrá esta prohibición en los propios consumidores.

En este sentido, es valorable que el gobierno haya anunciado a través del ministro de Economía que enviará un veto para corregir la indicación que prohíbe los descuentos asociados a los medios de pago. Es importante que dicho veto regule aquellos descuentos que van condicionados a una operación de crédito -para recoger la inquietud parlamentaria asociada al sobreendeudamiento-, sin afectar las promociones o descuentos asociados a los medios de pago. La masificación de estos últimos contribuye a mayores niveles de seguridad, mayor recaudación fiscal, menores costos de transacción y menores puntos de contagio en el contexto sanitario actual, todo lo cual contribuye a mayores grados de productividad en la economía. La solución del Ejecutivo debe velar porque la libertad de elección de las personas se mantenga inalterada, ya que siempre deben ser los propios consumidores los que eligen las mejores alternativas para su beneficio. (La Tercera)